La Ley en el sector de la minería

Conoce la enorme burocracia administrativa que deben afrontar los promotores de proyectos mineros para desarrollar su actividad con todas las garantías legales

La valoración de pros y contras en torno a la minería abre debates enconados en la sociedad y las instituciones, en la mayoría de las ocasiones estériles, donde defensores y detractores del sector se limitan a posicionarse a favor o en contra con argumentos eternos sobre el desarrollo económico y el respeto medioambiental. Pero más allá de estos aspectos genéricos poco se habla en la opinión pública en relación al marco normativo regulatorio y las fuertes exigencias legales a las que se someten las empresas para iniciar o reiniciar una explotación. Este blog, para la realización de este artículo, ha consultado con expertos legales, al objeto de ofrecer una visión diferente que aporte información relevante a la ciudadanía sobre cómo se articulan legalmente estas iniciativas empresariales que siempre andan envueltas en polémica.

Imagen de PressDigital

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La normativa minera

Por encima de todo está le Ley. Pueden haber interpretaciones, opiniones, pero la Ley está para cumplirla. Y la actual normativa que regula el desarrollo del sector de la minería en España es la Ley 22/1973, con su Reglamento (Real Decreto 2857/1978) y Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. En el ordenamiento jurídico español se traspone a la Directiva Europea 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, según fuentes consultadas del Derecho.

Los promotores industriales, no sólo del sector minero, sino en términos generales, como por ejemplo las empresas que quieren implantar una fábrica, construir una carretera o levantar una subestación eléctrica, tienen por encima de todo una obligación legal que cumplir que debe validar la Administración competente. En el caso de la minería son las comunidades autónomas las responsables de aprobar o paralizar los proyectos, en concreto la Consejería que gestiona los recursos públicos de los minerales de acuerdo a competencias constitucionales que recogen sus Estatutos de Autonomía. Aunque el Estado puede tener competencias plenas en determinadas circunstancias.

Fotografía de Cadena SER. La mina de uranio del municipio salmantino de Retortillo, envuelta en una enorme polémica

Fotografía de Cadena SER. La mina de uranio del municipio salmantino de Retortillo, envuelta en una enorme polémica

La Autorización Ambiental

Los proyectos mineros necesitan antes de nada la Autorización Ambiental, que según la comunidad autónoma puede exigir la Evaluación Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental o figuras análogas. Se trata de la piedra angular para iniciar cualquier actividad, por eso en el proceso de concesión de estos permisos siempre hay debates encendidos en la opinión pública entre empresas, grupos ecologistas, asociaciones ciudadanas e instituciones.

La concesión de la Autorización Ambiental significa que el proyecto minero puede desarrollarse desde un punto de vista medioambiental. Incluso para su obtención se exigirán, llegado el caso, medidas compensatorias ambientales. Por ejemplo, en minería subterránea, si existieran murciélagos (protegidos por la normativa europea), la Administración va a poner como condición a la empresa que garantice otros sistemas alternativos a estas especies, o que las labores se realicen en temporadas y horas en las que no se moleste su descanso o reproducción.

Estas exigencias administrativas hay que enmarcarlas dentro de las directrices de la UE, que apuesta por fomentar el acceso a los recursos nacionales en los Estados miembros proporcionando el necesario equilibrio entre el medio ambiente y las políticas de desarrollo industrial. El marco institucional diseñado por Bruselas es firme, pero complejo, ya que recomienda legislar mediante una mejora del marco jurídico y el sistema de concesión de permisos, una tarea complicada cuando se lleva a la práctica porque varía en función de la realidad de cada país y región.

Para homogeneizar los derechos y las obligaciones en el sector minero dentro del marco de la UE queda mucho camino por recorrer, ya que entran en juego sensibilidades eternamente enfrentadas condicionadas por realidades geográficas muy distintas, lo que genera una burocracia apabullante que entorpece aún más la ya de por sí difícil convivencia entre la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca y otros sectores.

Gráfico del Ministerio de Industria, publicado en el diario 20 minutos, que muestra en porcentajes del valor total la distribución de la producción minera en 2011

Gráfico del Ministerio de Industria, publicado en el diario 20 minutos, que muestra en porcentajes del valor total la distribución de la producción minera en 2011

¿Qué exige la Administración a las empresas?

En el procedimiento ambiental de un proyecto minero se evalúa su incidencia, en líneas generales, en materia de aguas, de ahí que gran parte de las empresas mineras, a la hora de trabajar para la obtención de permisos, pongan tanto hincapié en explicar cómo se van a gestionar los recursos hídricos y qué medidas van a adoptarse para no poner en peligro arroyos, ríos, aguas subterráneas y pozos privados, el principal caballo de batalla de las denuncias de las asociaciones ecologistas.

Los recursos minerales están catalogados como bienes de dominio público, como pueden ser las playas, los ríos y los mares. La Ley de Minas, una normativa pre-constitucional que es azotada por muchos frentes porque no representa a la realidad del presente, califica no obstante a los minerales como la “riqueza del país”, las materias primas necesarias para el desarrollo de las nuevas tecnologías y las infraestructuras.

Dicho esto, la legislación impone unas normas que hay que cumplir, de ahí los grandes esfuerzos de los promotores industriales para reforzar los controles y las medidas de seguridad en una actividad necesaria que debe partir sobre la base del respeto absoluto al medio ambiente.

La Ley exige a las empresas la obtención de licencias Urbanísticas y Ambientales, así como el pago de tasas públicas para el otorgamiento de las mismas, y además contrapartidas para ofrecer programas de Responsabilidad Social Corporativa para revertir beneficios en los entornos donde se asienta.

En definitiva, la minería hay que analizarla desde una perspectiva global, con argumentos sólidos, rehuyendo de extremismos, y con políticas que contribuyan a fortalecer el tejido productivo con la mirada puesta en la protección medioambiental.

La mina de Touro: cómo contrarrestar una campaña continua de desprestigio en un clima hostil

El yacimiento, en fase de aprobación por parte de la Xunta, recibe 1.163 informes positivos en el periodo de alegaciones mientras sigue en el ojo del huracán con un fuerte rechazo de partidos políticos, ecologistas y numerosas asociaciones de la sociedad civil

Cobre San Rafael, la empresa que gestiona los trámites para reactivar la mina de Touro y O Pino (A Coruña), está recibiendo fuertes presiones de la sociedad civil y las instituciones en general para frenar la puesta en marcha de un yacimiento que estima ocupar 700 hectáreas de terreno y al que culpan de todos los males de la contaminación mundial. La iniciativa, que supone una inversión de 200 millones de euros, contempla la posibilidad de la generación de 400 empleos directos en los que se va a primar la mano de obra local, según fuentes de la compañía.

El caso en cuestión me recuerda al del Centro de Nerva, en Huelva, que sufrió una campaña de desprestigio similar por parte de asociaciones ecologistas varias, un caso que viví muy de cerca en la anterior agencia de comunicación que trabajaba. Estamos de nuevo ante un clásico: iniciativas empresariales que abren un debate entre el desarrollo económico y el respecto medioambiental, proyectos en la mayoría de los casos que cuentan con detractores por el simple hecho de existir. Vamos a conocer un poco más sobre el fondo de la cuestión. Porque hay detalles que convienen conocer.

El proyecto Touro, un negocio rentable al calor de la subida del precio de los metales, está actualmente en esa fase burocrática de presentar informes a la administración. De momento, la Xunta ya ha avanzado que su aprobación depende del cumplimiento de todas las garantías urbanísticas, medioambientales y técnicas.

¿Qué son los informes sectoriales?

El proyecto Touro ya ha recibido 1.163 alegaciones positivas, pero en su proceso diario de contacto con los poderes públicos está trabajando para implementar mejoras partiendo de la base de un análisis riguroso de los informes preceptivos de la administración.

El periodista, en su trabajo como profesional del servicio público de una sociedad democrática, tiene por obligación ofrecer una visión completa de la información para no confundir a la opinión pública

Conviene subrayar que los famosos informes sectoriales sirven para recabar argumentos y definir parámetros que necesitan más detalles al objeto de reforzar las medidas de control y seguridad. Lo que ocurre es que en la mayoría de las ocasiones, en función de la forma en la que se cuenta una noticia, y según el nivel de interés de las filtraciones, la información puede difundirse de forma malintencionada para alertar ante la opinión pública.

Por eso el deber de los medios debe ser siempre el de contrastar y jerarquizar los datos. El orden es básico a la hora de pulir la información que llega de las fuentes, porque el periodista, en su trabajo como profesional del servicio público de una sociedad democrática, tiene por obligación ofrecer una visión completa de la información que se difunde para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.

¿Por qué se critica a la mina?

En el mes de junio tuvo lugar en Santiago de Compostela una manifestación multitudinaria, convocada por más de un centenar de colectivos ciudadanos, para instar a la Xunta a que no autorice la reapertura de la mina, a la que acusan, antes incluso de empezar a operar, de poner en peligro el medio ambiente porque, defienden, “va a emplear balsas con lodos altamente contaminantes que usarán elementos químicos sospechosos de causar cáncer”. Al potencial contaminante que dicen que puede tener el proyecto se suman otras críticas, que básicamente se resumen en dos: “no se han evaluado suficientemente ni los riesgos que entraña la extracción del mineral ni la forma de actuar ante un eventual accidente”.

Lo mejor para Cobre San Rafael es apostar por la transparencia informativa y tomarse las críticas con deportividad

Las críticas se combaten con argumentos

Es más fácil criticar que defender, pero la mejor defensa es un buen ataque cuando un detractor basa sus argumentos sin fundamento. Lo mejor, en este caso, es rehacer la imagen pública de un proyecto desde cero, apostando siempre por la transparencia informativa y una política de comunicación proactiva en los medios con programas de Responsabilidad Social Corporativa. Habrá críticas constructivas, que ayuden a mejorar, y habrá otras que escondan oscuros intereses económicos que no tengan otro ánimo que destruir. Por eso conviene saber diferenciar entre lo interesante y lo anecdótico.

Por la mesura y el consenso

La mina de Touro no va a ser la salvación de la humanidad en términos de empleo y riqueza, pero tampoco va a convertirse en el demonio contaminante que va a acabar con los ríos, los acuíferos, las tierras y los sectores económicos pesqueros.

La mina de Touro. Fotografía de El Correo Gallego

La mina de Touro. Fotografía de El Correo Gallego

Políticas de control medioambiental

Uno de los grandes déficit de la sociedad actual es la falta de costumbre de saber escuchar. Muy pocos hablan de la restauración medioambiental que el proyecto Touro plantea poner en marcha en paralelo a la actividad de la mina a través del método de minería de transferencia, que consiste en excavar huecos mineros por fases, que se van rellenando poco a poco, según avanza el proceso, para devolver la tierra a su lugar de origen.

Es una técnica moderna para potenciar al máximo la capacidad de restauración y reducir así el impacto ambiental . Al final de la actividad se deja el terreno tal y como estaba o en mejores condiciones medioambientales.

La compañía, además, sale al paso de las críticas que recibe por parte de diversos colectivos que la acusan de poner en peligro con futuros vertidos de lodos el río de Ulla, que proporciona el principal aporte de agua dulce a la ría de Arousa.

Cobre San Rafael defiende que el proyecto va a operar en circuito cerrado, con las máximas garantías de seguridad, sin afectar a las aguas ni el medio natural, y respetando la calidad de los recursos hídricos del entorno y la protección medioambiental de los ríos y manantiales.

Me mojo y digo sí a la mina, pero con todas las garantías de control y seguridad

Envueltos en un clima hostil que no para, con toda la opinión pública en contra, yo me mojo y digo sí a la mina, pero con todas las garantías de control y seguridad.

Reforzando los controles y aprendiendo de errores antiguos, como el de la catástrofe de Aznalcóllar, una herencia que cae a plomo sobre las espaldas de las empresas que hoy día tienen la valentía de poner en marcha un proyecto de estas características.

Bruselas y los límites al desarrollo de la minería

Un Dictamen del Comité Económico Social y Europeo, elaborado en 2008,  insta a Bruselas a mejorar el marco jurídico para potenciar la minería en la UE con políticas encaminadas a proteger el medio ambiente y el desarrollo industrial

“El 70% de la industria europea depende de sustancias extraídas del subsuelo, en un momento en que la Unión Europea afronta una reestructuración de gran envergadura en el sector de la minería con el precio de los metales al alza”. Esta frase forma parte de las conclusiones del Dictamen La minería no energética en Europa, elaborado en 2008 por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), con sede en Bruselas, que avanza todo un recetario de recomendaciones a la Comisión Europea para garantizar el suministro tanto interno como internacional con políticas plenamente respetuosas con el medio ambiente.

El CESE es un órgano consultivo de la UE que representa los intereses de los distintos grupos económicos y sociales de Europa. Formado por alrededor de 350 personas, entre las que destacan empresarios, trabajadores, agricultores, artesanos, industrias, consumidores, movimientos ecologistas y miembros destacados de la comunidad científica.

El Comité Económico y Social Europeo emite dictámenes sobre propuestas legislativas. En la práctica es el termómetro sociológico tanto de la industria como de los agentes sociales de la Unión Europea. Los miembros de la entidad son designados por los gobiernos nacionales para un periodo de cinco años

La necesidad de legislar mejor

La Unión Europea está muy preocupada por los límites y dificultades que existen en la actualidad para la obtención de materias primas en Europa. En el citado Dictamen, al que ha tenido acceso este blog, el CESE alerta de que “ni la UE ni sus Estados miembros han evaluado el pleno impacto de la globalización sobre la oferta y la demanda de los recursos minerales”.

Por ello, el órgano consultivo de la UE ya instaba en 2008 a la imperiosa necesidad de fijar un marco jurídico estable “para la extracción de minerales y los procedimientos de permisos de exploración”, mediante el intercambio de buenas prácticas con “la integración de los estudios geológicos, así como con consultas a los operadores ya presentes en las áreas afectadas por la planificación de infraestructuras y protección de la naturaleza”.

Así, el CESE recomienda un sistema de “ventanilla única, un punto de contacto para todas las partes interesadas que participen en la concesión de permisos y que estén en condiciones de evaluar los aspectos económicos, sociales y medioambientales”.

En definitiva, legislar mejor, conseguir una mayor eficiencia, eliminar exceso de cargas administrativas y facilitar las actividades de exploración con el máximo respeto al medio ambiente.

Las recomendaciones pasan por establecer “incentivos a las empresas de exploración” sobre la base de un marco legal que fomente la “seguridad jurídica de los arrendamientos de los terrenos a explotar a fin de aumentar la confianza de los inversores”, para reducir, en este contexto, el tiempo necesario para la adquisición del espacio para la actividad industrial y asegurando “una aplicación coherente en cuanto a la compatibilidad de los objetivos de protección de la naturaleza con la extracción de recursos minerales”.

Un automóvil contiene hasta 150 kilogramos de minerales y más de una tonelada de metales

Estas son algunas de las opiniones del órgano consultivo de la UE para el futuro suministro de materias primas, que son esenciales en la sociedad. Tal y como destaca el informe, los minerales no energéticos son materiales básicos en nuestra vida cotidiana: “un edificio puede albergar 150 toneladas de minerales en forma de cemento, arcilla, yeso, carbonato cálcico, materiales compuestos, vidrios, pintura, cerámica, tejas y toneladas de metales”.

La mina de uranio a cielo abierto de Salamanca

La mina de uranio a cielo abierto de Salamanca

El suministro internacional

El Comité Económico Social y Europeo reconoce que “son muchas las razones para importar materias primas desde fuera de la UE”. Textualmente, en su Dictamen, el CESE subraya que “el hecho de que los productos importados durante su proceso de producción puedan no haber cumplido las normas ambientales y sociales europeas podría dar lugar no sólo a una pérdida de competitividad de la economía europea, sino también a una relocalización de los problemas medioambientales y sociales”.

Por tanto, para la UE es esencial potenciar la minería en su territorio. Con reglas del juego que aporten facilidades a las empresas con la extracción de materias primas, pero también para no estar condicionado a la dependencia del exterior, sobre todo de países en vías de desarrollo donde los controles ambientales son menores o incluso no existen.

Entre las recomendaciones se destaca “determinar cuáles son los recursos estratégicos e identificar y documentar los flujos de importación y exportación de materias primas evaluando su fiabilidad política y económica a largo plazo”, así como “incentivar la aplicación de las normas europeas en los países de origen a través de programas de cooperación”.

Fotografía de Pixabay

Fotografía de Pixabay

Según datos recabados por este blog de fuentes del sector del Derecho, la inseguridad jurídica en la obtención de permisos, en algunos países, genera “costes sobrevenidos de un 30%” en los proyectos mineros. Este importante incremento devalúa por tanto las actividades empresariales y motiva que las empresas mineras no europeas prefieran desarrollar su negocio fuera de la UE, donde los estándares de seguridad y salud de los trabajadores, así como los controles medioambientales de las administraciones, son infinitamente inferiores con respecto a Europa.

En España, en pleno debate sobre minería sí minería no, sigue en marcha el intercambio de documentación e informes sectoriales entre empresas y administraciones, como en el caso concreto de la mina de Touro, aún pendiente de validación por parte de la Xunta de Galicia.

Mientras no desaparecen las movilizaciones en contra del sector de la minería. Con posiciones encontradas entre empresas que defienden la seguridad de sus proyectos y movimientos ecologistas que se posicionan en contra, en un clima condicionado por las tensiones y los intereses económicos al calor del contexto político electoral que se aproxima con las elecciones municipales y autonómicas.

Este fin de semana trece movimientos sociales de cinco comunidades autónomas han aireado sus críticas coincidiendo con el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, poniendo de manifiesto su disconformidad por los más de 2000 expedientes mineros solicitados en todo el territorio nacional. 

Atalaya Mining explica las claves para entender cómo funciona la mina de Touro

Atalaya Mining, la empresa que junto a Explotaciones Gallegas y Cobre San Rafael está en trámites de concesión de permisos con la Xunta de Galicia para reabrir uno de los yacimientos de cobre con más contestación social e institucional de toda España, explica a fondo el proceso de producción industrial del proyecto minero, los materiales que se van a emplear para su desarrollo y la compatibilidad de la iniciativa para generar riqueza partiendo del respeto al medio ambiente

Antecedentes

La mina de Touro lleva desde hace tiempo en el candelero político, social e institucional por pretender reabrir un yacimiento de extracción de cobre en el área metropolitana de A Coruña. Al proyecto minero le llueven las críticas por todos los frentes, de ahí el empeño de Atalaya Mining, promotora del proyecto junto a Explotaciones Gallegas (dueña del terreno) y Cobre San Rafael (en trámites con la administración autonómica), de iniciar una ardua batalla de comunicación para explicar a la sociedad las líneas básicas de una iniciativa empresarial que supone una inversión de 200 millones de euros y contempla la posibilidad de la generación de 400 empleos directos.

Periodismo Digital ha entrado en contacto directo con los promotores de la mina de Touro para que ofrezcan su versión sobre el proyecto, que nace con el pasivo de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Aznalcóllar y que sigue sufriendo las embestidas diarias de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (A Coruña y Pontevedra) y numerosas plataformas ciudadanas.

Fotografía de El Diario.es. La mina de Touro y la contestación ciudadana

El clamor se puso de manifiesto en el pasado mes de junio. En esa fecha los telediarios de España abrieron con la noticia de una manifestación multitudinaria, en las calles de Santiago y la Praza do Obradoiro, para instar a la Xunta a que no autorice la explotación en los límites de los municipios coruñeses de Touro y O Pino.

Fotografía de El Correo Gallego

La Xunta sigue analizando todos los informes para dar su veredicto “cuando acabe la tramitación” ambiental y “en base a evaluaciones técnicas”, ya que la decisión aún “no está tomada”. Atalaya Mining, por su parte, ha destacado a este blog que la administración debe velar para que las empresas cumplan con todos los requisitos legislativos: “seguimos trabajando para presentar los detalles de un proyecto sólido y firme para reactivar la producción de cobre en la mina de Touro”, precisa la compañía.

¿Cómo funciona la mina de Touro?

El nuevo proyecto se desarrolla sobre la actual explotación de áridos, que con anterioridad fue de mineral de cobre. Atalaya Mining avanza que la mina de Touro se explotará “mediante pequeñas cortas utilizando el método operativo de minería de transferencia” (más adelante lo explicamos). “El mineral de cobre extraído será, exclusivamente, calcopirita (sulfuro de hierro y cobre). Éste se encuentra de manera natural alojado en roca volcánica básica, dura e inerte, sin elementos contaminantes y a poca profundidad”.

“El mineral es procesado en una planta de proceso de nueva construcción y última tecnología, que separa las partículas de cobre para producir un concentrado de cobre vendible que es el producto final”.

La empresa aclara que “ni los materiales extraídos”, que ya están presentes de manera natural en el terreno, “ni los productos utilizados en el proceso industrial, contienen sustancias peligrosas“. Y añade además que el material sobrante del proceso, el estéril, “no contiene productos tóxicos”.

Aún así, el proyecto minero está concebido para realizar “un tratamiento adecuado del mismo, conforme a la legislación y las mejores prácticas del sector”, insiste la compañía. “Los estériles de planta se colocan en un depósito impermeabilizado, que se sella y restaura al clausurar la operación”. Parte de los estériles van a rellenar huecos mineros, que son impermeabilizados y quedan sellados para que no haya filtraciones al exterior.

¿En qué consiste el proceso químico para separar el cobre de las rocas?

Atalaya Mining explica que “el mineral extraído se somete a una trituración -similar a cualquier cantera-, seguido de una molienda por vía húmeda”. Y precisa que “la pulpa molida es sometida a un proceso de flotación que separa los granos de sulfuros de cobre de los demás”.

Este proceso es parecido al de una lavadora, donde se añade un espumante –generalmente aceite de pino – y un activante superficial, con el que se consigue que la partícula de cobre se pegue a las burbujas y flote. Por decantación se va separando y concentrando hasta obtener el producto final: un concentrado de cobre vendible

Los minerales y aditivos permanecen en circuito cerrado y están confinados para no afectar a aguas, terrenos, personas y animales. Esto contrasta con las acusaciones al proyecto por parte de plataformas ciudadanas, formaciones políticas y ecologistas, así como de los sectores más directamente afectados: desde explotaciones ganaderas de la comarca hasta mariscadoras de la ría de Arousa.

Atalaya Mining niega la existencia de metales pesados en los lodos, argumentando que “no los tiene la roca”. Pero ¿Cómo se gestionan los estériles como resultado del procesamiento en planta desde la extracción al vertedero industrial? ¿Y qué tipo de garantías hay de que el vertedero no afecta al medio ambiente?

“En la mina de Touro”, según informan los promotores, “hay que destacar que los materiales que se manejan en estos procesos no son ajenos al entorno natural que es donde se han generado. Y el cobre, ya lo hemos extraído”.

Atalaya Mining, para salir al paso de las críticas y aportar información valiosa a la opinión pública, pone de manifiesto que “una de las claves para entender la problemática de la minería tradicional y la gestión de estériles es que estos elementos reaccionan solo en contacto con aire y agua”: “La gestión ambiental en minería moderna se basa, entre otras cosas, en eliminar las posibilidades de contacto de materiales potencialmente generadores de lixiviados, con aire y agua”.

Imagen de Cobre San Rafael. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental

Por eso en la compañía abanderan las políticas de producción modernas: la minería de transferencia. ¿En qué consiste esto? “La idea es que el paisaje con huecos mineros que hoy tiene Touro-O Pino va a ir desapareciendo a medida que avanza el proyecto”. Con su desarrollo se da paso, progresivamente, a “un paisaje natural, con morfología natural y espacios limpios y con valor para su explotación agropecuaria”.

“La minería de transferencia es una técnica moderna, sostenible y comprometida con el medioambiente”. Este método permite que el relleno del terreno y su restauración puedan ir muy cerca de la zona de explotación. Por tanto, los impactos ambientales y visuales serán mínimos.

“De manera paralela a la explotación se realiza la restauración progresiva de las escombreras que se ejecuta con la tierra vegetal que habíamos retirado al principio de su construcción”. Durante la operación se minimiza con arboleda el impacto visual en las zonas habitadas próximas. Al final del proceso todo se reintegra en el paisaje”.

La mina de Touro cuenta con un Plan de Vigilancia Ambiental, a través del cual se controlan de manera continua y transparente los indicadores ambientales principales (calidad del aire, calidad del agua, ruido).

Atalaya Mining prefiere no entrar a valorar los pronunciamientos de la Xunta. Mantiene una política de diálogo, de lealtad institucional. Y mientras sigue apostando por la transparencia informativa.

En Touro y O Pino, a través de Cobre San Rafael, ha habilitado dos oficinas para defender el proyecto minero y aclarar todas las dudas que suscite la iniciativa. El primero está situado en la calle Rúa Perpendicular a Rúa Castelao, Bajo A, Touro (A Coruña). El segundo en O Pino, en la Avenida de Santiago, 34, O Pedoruzo.

El terreno donde se asienta la mina de Touro

La mina engloba alrededor de 700 hectáreas, de las cuales el emplazamiento histórico ya tiene 500, aproximadamente. Atalaya Mining sostiene que “la afección de terrenos que actualmente están dedicados a usos que no son forestales es mínima”. El proyecto ocupa 691 hectáreas, de las cuales Cobre San Rafael tendrá que adquirir 361,11 ha. De éstas, subraya la compañía, el 85,5% (306 ha) son de masa forestal, principalmente eucalipto, monte alto y monte bajo. Del resto de hectáreas, 18 pertenecen a labradío, 20 a prados y 16 a caminos.

Investigación y tecnología

En el proyecto de reapertura del yacimiento de Touro trabajan con la colaboración de las “universidades gallegas y consultoras independientes”, al objeto de que la iniciativa cuente con los máximos estandartes de calidad, gracias al aval de científicos y profesionales de referencia. En Galicia existen destacados profesionales y centros de conocimiento que “nos permiten asegurar que el Proyecto Touro va a ser un referente en minería moderna”.

Atalaya Mining, Cobre San Rafael y Explotaciones Gallegas siguen manteniendo abiertos los canales de comunicación con la Xunta, que en vísperas electorales parece mantener un posicionamiento más crítico y distanciado del proyecto, al estar fuertemente presionado por los agentes sociales más críticos:

“Somos firmes defensores de que la minería moderna tiene soluciones tecnológicas para evitar cualquier impacto en el medioambiente. Se puede, y así lo hemos demostrado antes, hacer minería compatible con cualquier otra actividad en su entorno y por supuesto con unas condiciones de vida de máxima calidad para la gente. Seguimos trabajando para que la administración y la ciudadanía tengan la máxima certidumbre de que en el caso del Proyecto Touro esto será así”.

El último episodio crítico que ha sufrido la empresa ha llegado, una vez más, de uno de sus muchos detractores, en este caso de la Asociación Aldea Viva, en relación a otro varapalo de la Xunta a Explotaciones Gallegas: una multa de 30.000 euros por un “vertido no autorizado lixiviado” a los arroyos Burgo y Brandelos, ambos afluentes del río Ulla, siempre según el comunicado de la citada Asociación.

Según ha informado La Opinión de A Coruña, Explotaciones Gallegas, propietaria de los terrenos, va a recurrir la sanción porque “el vertido se debe a que “las fuertes lluvias” de diciembre de 2017 y del pasado enero provocaron un “escurrimiento de una ladera en la que se habían aplicado tecnosoles para restaurar el suelo”, por lo que “no se trata de un vertido intencionado, sino de un accidente por condiciones climatológicas adversas”.

El proyecto Touro, un negocio rentable al calor de la subida del precio de los metales, una apuesta decidida por la minería moderna, una iniciativa empresarial no exenta de autocrítica que mira por el retrovisor los errores del pasado para aprender y basar su modelo de negocio en una apuesta decidida por el desarrollo económico y el profundo respeto medioambiental.

La Xunta cede a la presión social y cuestiona la viabilidad de la mina de Touro

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, avanza el posible rechazo del Gobierno de Feijoó al proyecto con unas declaraciones imprecisas condicionadas al contexto electoral de las municipales de 2019

La Xunta destacó ayer en el Parlamento de Galicia, en respuesta a una interpelación de En Marea, que la reapertura del yacimiento minero por parte de las empresas Atalaya Mining, Explotaciones Gallegas y Cobre San Rafael “no es viable”, aunque indica que “seguirá analizando todos los informes para pronunciarse cuando acabe la tramitación y en base a evaluaciones técnicas”. Éste ha sido, hasta ahora, el pronunciamiento más directo del Gobierno de Feijoó en contra de la mina.

Las críticas vienen de En Marea, a través de su diputado, Pablo Casal, que en unas declaraciones muy duras ha denunciado que “todos los ríos que rodean la zona están contaminados”, al tiempo que ha culpado a la mina de Touro, que no opera desde los años 80, de poner en peligro la “ganadería, el turismo y la pesca”, y a las empresas promotoras las ha tildado de “especulativas”, al tiempo que las ha criticado por presentar “deficiencias en la documentación”.

De nuevo la mina de Touro en el candelero político, un proyecto que nace con el pasivo de la politización y que va a encontrar muchas dificultades con gran parte de la opinión pública en contra y la enorme presión social e institucional que tiene encima.

La Xunta tendrá que analizar toda la documentación antes de dar su veredicto, pero el pronunciamiento de ayer choca con el posicionamiento que adoptó en septiembre del año pasado, en pleno auge de las movilizaciones en contra de la iniciativa, cuando la Xunta tomó una postura más tibia, sin mojarse, aludiendo a cuestiones genéricas, y dando por hecho que la mina de Touro saldría adelante si cumple todas las “garantías ambientales, urbanísticas y económicas”.

Así, el Gobierno de Feijoó, que gobierna con mayoría absoluta en el Parlamento, busca no sufrir desgaste cara a las próximas elecciones municipales de 2019, más si cabe sufriendo las embestidas diarias de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (A Coruña y Pontevedra) y numerosos ciudadanos.

La reapertura de la mina de Touro sigue en el ojo del huracán, víctima de la politización en el contexto del año electoral municipal que se presenta, donde entran también en juego las elecciones autonómicas de 2020.

El proyecto minero, que estima ocupar 700 hectáreas de terreno, tiene previsto una inversión de 200 millones de euros y contempla la posibilidad de generar 400 empleos directos en los que va a primar la mano de obra local.

De momento, los promotores del yacimiento han subrayado que los informes sectoriales son una oportunidad para recabar argumentos y definir parámetros para reforzar las medidas de control y seguridad, pero el proyecto va a estar ahora más politizado que nunca y sujeto en consecuencia a los continuos vaivenes de la Xunta, que va a moverse según los índices de temperatura del termómetro social.