La mina de Touro: cómo contrarrestar una campaña continua de desprestigio en un clima hostil

El yacimiento, en fase de aprobación por parte de la Xunta, recibe 1.163 informes positivos en el periodo de alegaciones mientras sigue en el ojo del huracán con un fuerte rechazo de partidos políticos, ecologistas y numerosas asociaciones de la sociedad civil

Cobre San Rafael, la empresa que gestiona los trámites para reactivar la mina de Touro y O Pino (A Coruña), está recibiendo fuertes presiones de la sociedad civil y las instituciones en general para frenar la puesta en marcha de un yacimiento que estima ocupar 700 hectáreas de terreno y al que culpan de todos los males de la contaminación mundial. La iniciativa, que supone una inversión de 200 millones de euros, contempla la posibilidad de la generación de 400 empleos directos en los que se va a primar la mano de obra local, según fuentes de la compañía.

El caso en cuestión me recuerda al del Centro de Nerva, en Huelva, que sufrió una campaña de desprestigio similar por parte de asociaciones ecologistas varias, un caso que viví muy de cerca en la anterior agencia de comunicación que trabajaba. Estamos de nuevo ante un clásico: iniciativas empresariales que abren un debate entre el desarrollo económico y el respecto medioambiental, proyectos en la mayoría de los casos que cuentan con detractores por el simple hecho de existir. Vamos a conocer un poco más sobre el fondo de la cuestión. Porque hay detalles que convienen conocer.

El proyecto Touro, un negocio rentable al calor de la subida del precio de los metales, está actualmente en esa fase burocrática de presentar informes a la administración. De momento, la Xunta ya ha avanzado que su aprobación depende del cumplimiento de todas las garantías urbanísticas, medioambientales y técnicas.

¿Qué son los informes sectoriales?

El proyecto Touro ya ha recibido 1.163 alegaciones positivas, pero en su proceso diario de contacto con los poderes públicos está trabajando para implementar mejoras partiendo de la base de un análisis riguroso de los informes preceptivos de la administración.

El periodista, en su trabajo como profesional del servicio público de una sociedad democrática, tiene por obligación ofrecer una visión completa de la información para no confundir a la opinión pública

Conviene subrayar que los famosos informes sectoriales sirven para recabar argumentos y definir parámetros que necesitan más detalles al objeto de reforzar las medidas de control y seguridad. Lo que ocurre es que en la mayoría de las ocasiones, en función de la forma en la que se cuenta una noticia, y según el nivel de interés de las filtraciones, la información puede difundirse de forma malintencionada para alertar ante la opinión pública.

Por eso el deber de los medios debe ser siempre el de contrastar y jerarquizar los datos. El orden es básico a la hora de pulir la información que llega de las fuentes, porque el periodista, en su trabajo como profesional del servicio público de una sociedad democrática, tiene por obligación ofrecer una visión completa de la información que se difunde para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.

¿Por qué se critica a la mina?

En el mes de junio tuvo lugar en Santiago de Compostela una manifestación multitudinaria, convocada por más de un centenar de colectivos ciudadanos, para instar a la Xunta a que no autorice la reapertura de la mina, a la que acusan, antes incluso de empezar a operar, de poner en peligro el medio ambiente porque, defienden, “va a emplear balsas con lodos altamente contaminantes que usarán elementos químicos sospechosos de causar cáncer”. Al potencial contaminante que dicen que puede tener el proyecto se suman otras críticas, que básicamente se resumen en dos: “no se han evaluado suficientemente ni los riesgos que entraña la extracción del mineral ni la forma de actuar ante un eventual accidente”.

Lo mejor para Cobre San Rafael es apostar por la transparencia informativa y tomarse las críticas con deportividad

Las críticas se combaten con argumentos

Es más fácil criticar que defender, pero la mejor defensa es un buen ataque cuando un detractor basa sus argumentos sin fundamento. Lo mejor, en este caso, es rehacer la imagen pública de un proyecto desde cero, apostando siempre por la transparencia informativa y una política de comunicación proactiva en los medios con programas de Responsabilidad Social Corporativa. Habrá críticas constructivas, que ayuden a mejorar, y habrá otras que escondan oscuros intereses económicos que no tengan otro ánimo que destruir. Por eso conviene saber diferenciar entre lo interesante y lo anecdótico.

Por la mesura y el consenso

La mina de Touro no va a ser la salvación de la humanidad en términos de empleo y riqueza, pero tampoco va a convertirse en el demonio contaminante que va a acabar con los ríos, los acuíferos, las tierras y los sectores económicos pesqueros.

La mina de Touro. Fotografía de El Correo Gallego

La mina de Touro. Fotografía de El Correo Gallego

Políticas de control medioambiental

Uno de los grandes déficit de la sociedad actual es la falta de costumbre de saber escuchar. Muy pocos hablan de la restauración medioambiental que el proyecto Touro plantea poner en marcha en paralelo a la actividad de la mina a través del método de minería de transferencia, que consiste en excavar huecos mineros por fases, que se van rellenando poco a poco, según avanza el proceso, para devolver la tierra a su lugar de origen.

Es una técnica moderna para potenciar al máximo la capacidad de restauración y reducir así el impacto ambiental . Al final de la actividad se deja el terreno tal y como estaba o en mejores condiciones medioambientales.

La compañía, además, sale al paso de las críticas que recibe por parte de diversos colectivos que la acusan de poner en peligro con futuros vertidos de lodos el río de Ulla, que proporciona el principal aporte de agua dulce a la ría de Arousa.

Cobre San Rafael defiende que el proyecto va a operar en circuito cerrado, con las máximas garantías de seguridad, sin afectar a las aguas ni el medio natural, y respetando la calidad de los recursos hídricos del entorno y la protección medioambiental de los ríos y manantiales.

Me mojo y digo sí a la mina, pero con todas las garantías de control y seguridad

Envueltos en un clima hostil que no para, con toda la opinión pública en contra, yo me mojo y digo sí a la mina, pero con todas las garantías de control y seguridad.

Reforzando los controles y aprendiendo de errores antiguos, como el de la catástrofe de Aznalcóllar, una herencia que cae a plomo sobre las espaldas de las empresas que hoy día tienen la valentía de poner en marcha un proyecto de estas características.

La Xunta cede a la presión social y cuestiona la viabilidad de la mina de Touro

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, avanza el posible rechazo del Gobierno de Feijoó al proyecto con unas declaraciones imprecisas condicionadas al contexto electoral de las municipales de 2019

La Xunta destacó ayer en el Parlamento de Galicia, en respuesta a una interpelación de En Marea, que la reapertura del yacimiento minero por parte de las empresas Atalaya Mining, Explotaciones Gallegas y Cobre San Rafael “no es viable”, aunque indica que “seguirá analizando todos los informes para pronunciarse cuando acabe la tramitación y en base a evaluaciones técnicas”. Éste ha sido, hasta ahora, el pronunciamiento más directo del Gobierno de Feijoó en contra de la mina.

Las críticas vienen de En Marea, a través de su diputado, Pablo Casal, que en unas declaraciones muy duras ha denunciado que “todos los ríos que rodean la zona están contaminados”, al tiempo que ha culpado a la mina de Touro, que no opera desde los años 80, de poner en peligro la “ganadería, el turismo y la pesca”, y a las empresas promotoras las ha tildado de “especulativas”, al tiempo que las ha criticado por presentar “deficiencias en la documentación”.

De nuevo la mina de Touro en el candelero político, un proyecto que nace con el pasivo de la politización y que va a encontrar muchas dificultades con gran parte de la opinión pública en contra y la enorme presión social e institucional que tiene encima.

La Xunta tendrá que analizar toda la documentación antes de dar su veredicto, pero el pronunciamiento de ayer choca con el posicionamiento que adoptó en septiembre del año pasado, en pleno auge de las movilizaciones en contra de la iniciativa, cuando la Xunta tomó una postura más tibia, sin mojarse, aludiendo a cuestiones genéricas, y dando por hecho que la mina de Touro saldría adelante si cumple todas las “garantías ambientales, urbanísticas y económicas”.

Así, el Gobierno de Feijoó, que gobierna con mayoría absoluta en el Parlamento, busca no sufrir desgaste cara a las próximas elecciones municipales de 2019, más si cabe sufriendo las embestidas diarias de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (A Coruña y Pontevedra) y numerosos ciudadanos.

La reapertura de la mina de Touro sigue en el ojo del huracán, víctima de la politización en el contexto del año electoral municipal que se presenta, donde entran también en juego las elecciones autonómicas de 2020.

El proyecto minero, que estima ocupar 700 hectáreas de terreno, tiene previsto una inversión de 200 millones de euros y contempla la posibilidad de generar 400 empleos directos en los que va a primar la mano de obra local.

De momento, los promotores del yacimiento han subrayado que los informes sectoriales son una oportunidad para recabar argumentos y definir parámetros para reforzar las medidas de control y seguridad, pero el proyecto va a estar ahora más politizado que nunca y sujeto en consecuencia a los continuos vaivenes de la Xunta, que va a moverse según los índices de temperatura del termómetro social.